CONJETURAS ¿VIVIMOS EN UNA PLUTOCRACIA?

El célebre mandatario norteamericano Abraham Lincoln sostenía que la democracia era el gobierno del pueblo y para el pueblo, con lo cual el histórico presidente hacía una específica distinción semántica con la plutocracia, que es el gobierno de los ricos para los ricos.
Aplicando lo anterior a Colombia encontramos que el gobierno del presidente Uribe a pesar de recibir el apoyo mayoritario de la gente más pobre del país, trabaja casi que con exclusividad para defender el interés de los más ricos; por ejemplo, este gobierno otorga considerables exenciones tributarias a empresarios, banqueros, exportadores, dueños de zonas francas, etc., en contraste por ejemplo, con su política de austeridad con la salud del pueblo, todo lo cual nos ubica indiscutiblemente en una auténtica plutocracia. Otro ejemplo abrumador se da con las nefastas políticas agropecuarias, que nos llevaron a conocer la inmoralidad de experiencias censurables e inicuas como esas del Agro Ingreso Seguro y la Hacienda Carimagua.
Pero la gota que rebosa la copa se presenta cuando nuestro presidente anunció recientemente la entrega en concesión de las playas del país, empezando por las de Cartagena, solicitadas por los magnates empresarios hoteleros de Cotelco- Bolívar.
"Cartagena, brazo de agarena, canto de sirena, que se hizo ciudad / mi sonoro, cofrecito de oro, reliquia y tesoro de la antigüedad…" y numerosos versos como éste ha recibido el "Corralito de Piedra" para exaltar su belleza y señorío. Pero tan refinado lirismo no puede esconder la cruda realidad de Cartagena, una de las ciudades con más desigualdades en Colombia. Cerca del 75% de su población merodea entre la indigencia y la pobreza, víctima de este modelo económico que nos rige, modelo que genera un innegable desempleo estructural; el cual lleva a la inmensa mayoría de los cartageneros a la informalidad, a la famosa industria del rebusque, principalmente en esas riberas marinas.
Con el absurdo pretexto de limpiar las playas, prohibirán el acceso a esa masa inmensa que subsiste con esa informalidad laboral, vedándoseles de paso a los propios cartageneros el ingreso al disfrute de su mar, a su recreación, pues pronto se cobrará por la admisión a ellas.
No queda duda entonces que son unos pocos acaudalados quienes en Colombia disfrutan las mieles de este gobierno.
El pueblo colombiano debe oponerse firmemente en las urnas a que cambie este estado de cosas y a que no continúen feriando los recursos naturales en beneficio de unos pocos.

Una propuesta inconveniente

No nos deben extrañar a los colombianos ciertas ideas estrambóticas que suelen surgir de este Gobierno de la seguridad democrática, como esa, que de llevarse a efecto, se constituiría en un proyecto negativo o sencillamente en un plan perjudicial para nuestra sociedad, idea rayana en lo absurdo, surgida del Ministro del Interior y consistente en que la policía nacional dependa del Ministerio de la política.
Dicha propuesta es tan perjudicial que debería quedarse en eso, en una pésima sugerencia por los perjuicios que implica para la salud del país, porque al desligarse a la Policía del Ministerio de Defensa, que es a donde actualmente y por naturaleza pertenece, se la separaría de las demás Fuerzas Armadas con las cuales debe coordinar operaciones conjuntas.
Es, igualmente, una perniciosa sugerencia puesto que implica desconocer la situación de conflicto interno crónico que vive el país, así como las serias dificultades que actualmente se viven con Venezuela, razones más que suficientes para que dicho cuerpo armado permanezca en donde está, unido a sus pares de armas y desligado de la política y su secuaz, la politiquería, que caracteriza al ente que pretende afiliarla.
Al parecer no es gratuita tan aberrante idea, pues se trataría de abrir una ventana para que más adelante otros ministerios hicieran igual solicitud con otras instituciones del Estado. Que tal la Corte Suprema reportándose ha determinado ministerio, la Fiscalía de la misma manera y así sucesivamente otras entidades gubernamentales. Con ello se parcelaría la democracia, la idoneidad y el orden nacional e institucional y no sería extraño que fuera el presidente quien designara, saltándose las normas constitucionales, de manera ilegalmente potestativa y de acuerdo con su particular arbitrio, es decir a dedo, al fiscal, a jueces, magistrados, contralor, etc., en su condición de mandatario perpetuo y autócrata de los colombianos.

La corrupción, un cáncer casi incurable

La corrupción es ese cáncer que nos agobia sin piedad; es el uso indebido del poder que tienen algunas personas, derivado de los empleos que desempeñan ya sea en el nivel gubernamental como en el privado, y como consecuencia de ello obtienen exorbitantes beneficios personales, generalmente de tipo económico, para sí o para terceras personas. La corrupción en Colombia es la causa de la baja credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones y en sus dirigentes; lo cual conlleva, además, que los resultados de la administración se afecten negativamente como consecuencia de la misma, y las obras públicas que se entregan a la ciudadanía no son las que ella espera en términos de calidad y de conveniencia.
Colombia ha sufrido los flagelos que genera la corrupción, pero a diferencia de otros escenarios, se han presentado algunas particularidades que terminaron agravando la situación. Una larga convivencia con el narcotráfico y el afán por el enriquecimiento fácil, se convirtieron en la medida y en la forma de ascenso social; el narcotráfico permeó a la sociedad ampliamente, a la política, a la economía, a la agricultura, al deporte…
Sin embargo, nadie en el Estado colombiano ha podido entender la manera de enfrentar definitivamente ese flagelo que se lleva más de 4 millones de millones de pesos al año, según los cálculos más benévolos. Plata que sale de los bolsillos de los contribuyentes, no para obras de desarrollo ni para mejorarles las condiciones a los más necesitados, sino para engordarles las cuentas bancarias a gran parte de la clase política y a los contratistas que le siguen el juego. Es que con el anuncio del presidente Uribe de conformar un grupo especial de la Policía para luchar especialmente contra el cáncer de la corrupción, se demuestra que simplemente es un simple pañito de agua tibia para una enfermedad que carcome a la sociedad colombiana y de paso una cortina de humo del Gobierno, para paliar el gran escándalo que ha suscitado el ya archifamoso Agro Ingreso Seguro; el cual ha llevado a que las grandes cifras de aceptación del Gobierno, hayan disminuido sensiblemente.
De hecho, la mayor dificultad por la que atraviesa Colombia no está en detectar las toneladas de fraudes que a diario se cometen contra el erario, sino en la falta absoluta de justicia. En su inoperancia, en su incapacidad total de procesar a los corruptos y llevarlos a la cárcel como exigen las circunstancias.

LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

En la actualidad las cooperativas de trabajo asociado (entidades por medio de las cuales se contrata la mayoría de la fuerza laboral colombiana) se han convertido en una de las principales modalidades por medio de las cuales el gobierno y muchas empresas privadas escatiman los derechos laborales de los trabajadores colombianos y de paso debilitan las organizaciones sindicales.
¿Pero qué son las cooperativas de trabajo asociado? Son aquellas agrupaciones que vinculan el trabajo personal de los “asociados” para la prestación de servicios; Es decir, son las entidades con las cuales una persona se vincula para trabajar. Las consecuencias laborales son devastadoras: Como supuestamente los trabajadores cooperados son a la vez dueños y socios de la cooperativa, desaparece la esencia del contrato de trabajo, disipándose con ello las prerrogativas consagradas en Código el Laboral; por eso lo devengado no se considera como salario, sino que adquiere la forma de una compensación. Un trabajador vinculado pierde por tal razón sus prestaciones legales y extralegales.
Esta clase de contratación laboral ha venido creciendo vertiginosamente, por lo cual se convierte a la postre en un mecanismo para la generación de empleos precarios, flexibles y en muchos casos, como una de las formas de obtener las empresas el lucro financiero con la reducción de los costos laborales y operacionales; si a lo anterior se le suma la facilidad y el bajo número de personas que se necesitan para crearlas, este desafuero nunca tendrá trazas de desaparecer, para infortunio del trabajador colombiano.
Recientemente se le ha hecho un retoque sutil a la legislación cooperativa al modificar un tanto las cooperativas de trabajo asociado, para paliar con ese maquillaje el sentir desfavorable que la opinión pública va teniendo al respecto. Pero lo cierto es que ante el desconocimiento de los principios cooperativos por parte de los asociados, lastimosamente se ha hecho de este modelo un mecanismo de flexibilización laboral, desnaturalizando con ello los fines altruistas del cooperativismo en pro de una clase empresarial que ha visto en ella una forma de obtener beneficios a través del desconocimiento de los derechos laborales. Es por ello que se debe propugnar por un conocimiento pleno de esta filosofía y asumir sus dogmas como un verdadero cambio en las tradicionales formas del manejo codicioso del trabajo y a la vez como una propuesta de generación de empleo decente, de manera autogestionaria.

El infortunio que envuelve al Sector Agropecuario

Colombia fue un país que antaño se autoabastecía suficientemente del sector agropecuario, para la alimentación de su pueblo. Pero en estos momentos, por las funestas políticas para el agro, ha perdido su seguridad o soberanía alimentaria, lo cual constituye un verdadero desperdicio, pues hay tierras, aguas y gentes de sobra para autoabastecer el país. Este gobierno fuera de facilitar las importaciones de alimentos, mantuvo el sesgo antiagrario de la política económica, sesgo que ilustra que el agro aporte el 11% del PIB y apenas reciba el 3% del crédito nacional. Y como si lo anterior fuera poco, produce indignación en la actualidad un vergonzoso programa, el famoso Agro Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura, Ley: 1133/2007, el cual otorga unos dineros, en el supuesto de auxiliar a pequeños y medianos campesinos que trabajan el agro colombiano y requieren apoyo del Estado. Sin embargo, la forma como se conduce dicho programa enardece hasta al más calmado de los colombianos, porque en su manejo, es lamentable tener que decirlo, el campesino raso de azadón y machete no tiene posibilidad de acceder a él. Es que el pobre agricultor colombiano está lejos de participar en todos los programas y créditos que ofrece el Gobierno con el objeto de hacer más rentable sus duras faenas. Cuando se abren concursos al respecto, nuestro labriego no participa, puesto que no tiene confianza en las etapas del proceso y, por lo regular, dichos concursos terminan adjudicados a terratenientes opulentos quienes se presentan con padrino político o muchas veces por tráfico de influencias a muy altos costos para los usuarios. Con este Agro Ingreso Seguro (AIS), como es de todos conocido, se han favorecido grandes empresas familiares donde tíos, hermanos, primos, madres, novias, se beneficiaron de unos dineros de los contribuyentes que no son reembolsables, ni pagan impuestos. Argumenta el actual Ministro de Agricultura que todas esas personas obtuvieron legalmente dichos apoyos. Es que no es un problema de legalidad, es de indignación nacional por lo antiético e indecente. Si queremos un Ministerio de Agricultura que propicie un verdadero desarrollo rural, de cara a la realidad nacional para solucionar los miles de problemas que estamos padeciendo, como consecuencia de sus malos manejos, se requiere practicar una profunda reingeniería al Sector Agropecuario, definiendo primero quienes son los verdaderos campesinos para diseñarles políticas claras y concretas, de conformidad con sus especialidades y depurando de paso al Ministerio de la gran cantidad de ONG, adscritas, con gerentes de sueldos asombrosos y cola de lagartos lambiscones, que son en esencia los verdaderos chupasangres del presupuesto del sector rural.

Aparato Cardiocirculatorio

Los estancamientos de sangre, la pobre circulación, la debilidad del corazón, la falta de color en la piel, en general los estados anémicos que son estados de poca energía, de presión baja, de hipoglicemia, son estados de frío, contrarios a los estados de exaltación de las enfermedades de calor.
La debilidad del aparato circulatorio que no es capaz de llevar la sangre y la energía al cerebro produciendo mareos, vértigo, zumbido en los oídos, también son manifestaciones de frío ya que corresponden a estados de debilidad. Las palpitaciones cardiacas pueden ser producidas por frío y de aquí que las plantas aromáticas, que son calientes, entonen al sistema nervioso, pues combaten el nerviosismo. Los entumecimientos de las piernas y brazos en general, son de frío, de mala circulación.
La mala circulación de la que aquí hablamos es producida por la falta de energía, que no hace circular bien la sangre y no hablamos de la mala circulación por obstrucción de las venas y de arterias. Los tonos pálidos son indicativos del frío, de insuficiencia, así como los tonos rosados son indicativos de calor, de congestión sanguínea.

“Odiar con toda el alma”

El odio es una emoción propia del ser humano. Podemos sentir, también ira, rencor, agresividad. En la fantasía todo está permitido y podemos sentir todo el resentimiento que tengamos guardado en nuestro interior. En la fantasía podemos sentir todas las manifestaciones más primitivas de lo agresivo. Lo importante es no pasar a la acción, no actuar la fantasía.
A todos nos parece lógico sentir y expresar odio, rencor, deseo de venganza por algo que alguien nos hizo. Sin embargo, no se trata de algo simple. No siempre sentimos y expresamos adecuadamente estas emociones y de ello deriva no sólo nuestro equilibrio (llamado equilibrio emocional) sino el equilibrio mismo de la sociedad. Si hay más odio que amor habrá más malestar que alegría, más guerra que paz. Si sentimos más afecto y amor que ira y agresividad destructivas, nos sentiremos mejor y en la sociedad reinará la solidaridad, la convivencia y la paz. Esas emociones esenciales constituyen el termómetro para que todo esté bien, regular o mal.
Los presidentes de Colombia y Ecuador fundamentan su accionar sociopolítico en el sentimiento negativo del rencor guardado desde hace muchos años por cada uno de ellos, aflicción que los mandatarios acumulan amargamente y que los ha convertido en seres duros y hostiles causantes de desaciertos y desaguisados para sus gobernados y vecinos. Recordemos que el presidente Uribe alberga por las Farcs un odio acérrimo; ya que este grupo al margen de la Ley, asesinó atrozmente a su padre. Lo propio hace el presidente Correa del Ecuador, cuyo progenitor pagó cinco años de cárcel en los Estados Unidos al ser capturado cuando fungía de mula del narcotráfico de uno de los carteles colombianos y se suicidó posteriormente; esa es la razón de su odio intransigente por todo lo que huela a Colombia.
Ese odio, en el caso colombiano, es la razón por la cual Álvaro Uribe se quiere perpetuar en el poder, sentimiento negativo que es producto de una consideración personal, la cual ha percibido la mayoría de los colombianos: El odio a las Farc. Uribe está convencido de que es el único gobernante que puede vengar la inhumana muerte de su padre.
¿Será valido que el Presidente de un Estado democrático y civilista como el colombiano, no sólo gobierne sino que se quiera perpetuar en el poder como producto de un sentimiento personal? Se entiende que Uribe odie a las ‘Farc’, pero no se comparte que un Presidente genere políticas, y menos busque perpetuarse, como producto de ese sentimiento personal. Por lo demás el odio hace perder cordura: odiar al enemigo a la larga impide derrotarlo.
De otra parte ¿Qué la mayoría de políticos quieren con toda el alma que Uribe siga? Por supuesto. El clientelismo genera esa pasión: tener acceso a cargos públicos.

¿Qué es en realidad el famoso estado de opinión?

Ha surgido recientemente una novedosa, aunque no original, teoría de corte joseobdulesca, escuchada de labios del Presidente, en trance reeleccionista: el Estado de opinión que, según sostiene el mandatario, es la fase superior del estado de derecho.
Tal excepcional estado es, llanamente, un burdo mecanismo de dominación que fue utilizado poderosamente en el siglo pasado por doctrinas tan nefastas como el Nacionalsocialismo (el nazismo alemán de Joseph Goebbel y Hitler) y el Facismo (la doctrina de Benito Musolini). Este estado de excepción se trata de un nuevo engendro conceptual con el cual se pretende superar el Estado de Derecho. Miremos si no; en este gobierno ya estamos viendo cómo los consejos comunales pretenden ocupar el lugar de las corporaciones públicas. ¡Increíble! Hasta con la irrefutable y sólida teoría del Estado se metió la maquinaria de propaganda gobiernista. Al parecer no significan nada los tratados académicos que versan sobre las doctrinas del estado, frente a la enardecida ambición de permanecer en el poder.
Nadie ignora que los seres de esta época somos los individuos más condicionados y programados que el mundo ha conocido en toda su historia. No sólo nuestros pensamientos y actitudes están siendo continuamente modelados, sino que nuestra propia conciencia de ello parece que está siendo inexorable y sutilmente borrada. Por tal razón, no nos extraña que líderes autoritarios siembren en la población la creencia de que son imprescindibles. Su permanente presencia, fortalecida hoy en día por los medios, obnubila y vuelve, sin duda, vasallos a sus seguidores. La aureola gloriosa del soberano los persuade de que sin él están perdidos y acontecerá la catástrofe.
El Estado de opinión es un eufemismo para volver popular a una democracia, donde el querer de la masa es ley. La pasión dominante no está dispuesta a respetar nada distinto a su deseo. Su menosprecio del derecho es visible. De ahí que el Estado de Derecho se disuelva en la voluntad popular. Las minorías se malogran en la pretensión manipulada del interés general. Todo ello nos muestra que una manoseada psicología de masas reemplaza sin ninguna duda la reflexión política equilibrada.

Envejecer, proceso normal de la vida

Para muchas personas la palabra vejez constituye el más tenebroso estigma con que alguien las puede grabar, y, sintiéndose así menoscabadas, buscan la forma de eludir esa temible designación. Con el paso de los años, la consideración de "viejo" que le damos a alguien ha variado, según nuestra conveniencia; un hombre de cuarenta años es un viejo cacreco para quien tiene 20 años, pero no lo es para quien tiene sesenta, puesto que una persona sesentona considera muchacho a un cuarentón.
Es que, queridos amigos, la vejez pareciera aterrar, como si este periodo importante de la vida no perteneciera al periplo vital. Es tan despreciable la vejez para la mayoría de los mortales, que suscita comentarios mordaces y burlas permanentes para quien ya se está aproximando a la adultez tardía, tercera edad, veteranía o cualquiera de los innumerables vocablos con que se suele denominar a la edad provecta. De ahí que el apacible pasatiempo de algunos de los hombres jubilados y veteranos de Buga, de congregarse en el parque de Cabal para departir amigablemente con sus coetáneos amigos, ha conseguido que el nombre del ilustre parque haya cambiado y se haya trocado por el de "Parque de las palomas caídas", en picaresca alusión a la supuesta e "inevitable" disfunción eréctil que presuntamente sufren los hombres entrados en años.
Quién lo hubiera pensado; en la actualidad los científicos sociales especializados en el estudio del envejecimiento, se refieren a tres grupos de adultos mayores: "viejo joven", "viejo viejo" y "viejo de edad avanzada". Cronológicamente, el viejo joven está entre 65 y 74 años, y por lo general es activo, vital y vigoroso; el viejo viejo está entre 75 y 84 años, y el viejo de edad avanzada está entre 85 y más. Será que esta clasificación, si somos cuidadosos de la salud y positivos de mentalidad, y si nos lo permite el modelo neoliberal que nos rige, ¿podría proporcionar a los veteranos que aún tienen la esperanza de pensionarse, la feliz esperanza de vivir, por ventura, largamente?
Hoy ya suenan campanas de alerta, recientemente Fedesarrollo sugirió que se debe aumentar la edad para que los colombianos puedan pensionarse. Pero eso aparte y más allá de otras imágenes distorsionadas, es necesario mirar con objetividad la realidad verdadera y multifacética de la vejez. La edad adulta tardía no es ni el momento culminante de la vida ni lo contrario, sino un periodo normal del ciclo vital con sus propios desafíos y oportunidades.

¿Si será eficaz la seguridad democrática?

El concepto de seguridad democrática difiere esencialmente del concepto de seguridad nacional o seguridad del estado en cuanto que las acciones y políticas públicas de una auténtica seguridad democrática no se orientan exclusivamente a la preservación y fortalecimiento del orden institucional, sino a la consolidación integral de la sociedad en su conjunto, constituyendo dicha política de protección el conjunto de condiciones que les permita a los ciudadanos y a las instituciones, materializar sus proyectos de vida sin mayores incertidumbres que las normales dentro de la vida en sociedad.
Pero en nuestro país, es harto evidente que el actual gobierno no ha emprendido acciones trascendentales para superar la dramática situación social; la crisis humanitaria que padece Colombia ha alcanzado una evolución que resulta verdaderamente impresionante. No olvidemos que nuestra patria ocupa un deshonroso segundo lugar dentro de los países con más desplazados en el mundo.
Sumémosle a esta ignominia las impresionantes cifras de desempleo y el drama de los millares que se rebuscan en los semáforos y basureros (recicladores que hoy no pueden hacerlo, pues Ecoeficiencia, una de las empresas de los multimillonarios hijitos de Uribe, se encargará de ello, dejando a miles de familias sin formas de subsistencia). Los que apenas se sostienen con el irrisorio salario mínimo y la inestabilidad laboral, no están mucho mejor. Entonces cabe aquí preguntarse ¿Será que estos millones de compatriotas tienen seguridad en sus vidas, y las de sus hijos; en sus bienes, en su salud, educación, vivienda, recreación…?
Sin embargo, para encubrir el desinterés del actual gobierno por lo social (ni por las vías, ni la producción agrícola, ni la salud, ni la educación), se dice que el presidente Uribe -de todos modos- ha mejorado la seguridad en las vías a la Costa en vacaciones. Pero, no será lo anterior, (el hecho de que la gente salga a vacaciones escoltada por tanques y helicópteros artillados), un síntoma de inseguridad, más que de seguridad; además, por la innegable razón de que la seguridad en las ciudades no ha mejorado, todo lo contrario según lo confirman los medios, día por día se incrementan los asesinatos, secuestros, fleteos, etc.
Entonces parece algo de Perogrullo el que muchos de esos millones de colombianos -sin empleo serio ni educación ni esperanzas- intenten sobrevivir acudiendo a medios ilegales como la guerrilla, el narcoparamilitarismo o la delincuencia común. Es que, definitivamente, mientras no se tomen correctivos estructurales para mejorar los conflictos sociales, es imposible que una genuina seguridad democrática se alcance.
Para completar este inseguro panorama nacional que hoy vivimos, tenemos los tenebrosos crímenes de Estado representados en los "falsos positivos", aparte de la paramilitarización del Congreso y el DAS y las chuzadas telefónicas a todos los que no comulgan con la fórmula uribista. Más grave aún: las generalizadas amenazas contra académicos, ONG’s, sindicalistas, indígenas, periodistas y líderes populares.