Es posible que nadie olvide que entre 2003 y 2006, el gobierno colombiano implementó un artificioso proceso de desmovilización de varios grupos armados que integraban la violenta, cruel y mafiosa coalición paramilitar conocida como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Según el gobierno, el proceso fue exitoso, ya que varios miles de esos delincuentes se desmovilizaron, comprometiéndose a cesar en sus criminales actividades delictivas, sumándose a supuestos programas de reinserción que les ofrecían capacitación, empleo y salario. Desde entonces, el gobierno ha afirmado reiteradamente que ya no existen paramilitares en Colombia. Sin embargo, poco después de la finalización de ese supuesto proceso fueron surgiendo otras bandas criminales, sucesoras de esos grupos originarios, las cuales continuaron las actividades delictivas de los paramilitares que antes actuaban bajo el mando de las AUC.
Hoy en día, esos grupos sucesores tienen un brutal impacto en la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia, como ha sido documentado en varios informes. Resulta evidentemente alarmante la participación de los grupos sucesores en abusos graves y generalizados contra civiles, que incluyen masacres, ejecuciones, violaciones sexuales, amenazas y extorsión. Han atacado y amenazado en reiteradas oportunidades a defensores de derechos humanos, sindicalistas, personas desplazadas, entre ellas afrocolombianos que luchan por recuperar sus tierras, víctimas de las AUC, desplazados que buscan justicia y miembros de comunidades locales que no aceptan sus órdenes.
El surgimiento de estos grupos coincidió con un incremento significativo de los índices de desplazamientos internos en todo el país desde 2004 hasta al menos 2007. Y resulta claro que en algunas regiones, como en la ciudad de Medellín, donde el índice de homicidios casi se ha duplicado en el último año, los operativos de los siniestros grupos han causado un marcado incremento de la violencia.
Este es un nocivo fenómeno que no se puede dejar de lado pues no olvidemos que las AUC nacieron por la unión de muchos grupos en todo el país y si hilamos delgadamente, posiblemente estos “nuevos grupos” en algunos meses pretendan unirse y en algunos años beneficiarse penalmente con alguna ley, leonina y ventajosa, dejando intactos muchos bienes adquiridos por el narcotráfico y el desplazamiento forzado.
Hoy en día, esos grupos sucesores tienen un brutal impacto en la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia, como ha sido documentado en varios informes. Resulta evidentemente alarmante la participación de los grupos sucesores en abusos graves y generalizados contra civiles, que incluyen masacres, ejecuciones, violaciones sexuales, amenazas y extorsión. Han atacado y amenazado en reiteradas oportunidades a defensores de derechos humanos, sindicalistas, personas desplazadas, entre ellas afrocolombianos que luchan por recuperar sus tierras, víctimas de las AUC, desplazados que buscan justicia y miembros de comunidades locales que no aceptan sus órdenes.
El surgimiento de estos grupos coincidió con un incremento significativo de los índices de desplazamientos internos en todo el país desde 2004 hasta al menos 2007. Y resulta claro que en algunas regiones, como en la ciudad de Medellín, donde el índice de homicidios casi se ha duplicado en el último año, los operativos de los siniestros grupos han causado un marcado incremento de la violencia.
Este es un nocivo fenómeno que no se puede dejar de lado pues no olvidemos que las AUC nacieron por la unión de muchos grupos en todo el país y si hilamos delgadamente, posiblemente estos “nuevos grupos” en algunos meses pretendan unirse y en algunos años beneficiarse penalmente con alguna ley, leonina y ventajosa, dejando intactos muchos bienes adquiridos por el narcotráfico y el desplazamiento forzado.
