El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), esa entidad de formación profesional tan querida y apreciada por el pueblo colombiano, cuyo objetivo central es dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas y a quienes sin serlo requieran de dicha formación, para aumentar por ese medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo armónico del país, tal como lo prescribe la Ley 119 de 1994. Por fortuna, dicho estatuto en buena hora reestructuró tan necesaria empresa formadora de carácter oficial, salvándola de la artera intención privatizadora del director de ese entonces, de ingrato recuerdo para los colombianos. Dicha entidad, reitero, se encuentra una vez más en peligro, ad portas nuevamente de su privatización.
En efecto, en días recientes en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes se denunció por parte del partido opositor, Polo Democrático Alternativo que el actual director del SENA le abrió las puertas a la privatización de la entidad al ordenar el cobro de los cursos de extensión. Se dice que por ahora la medida cobijará tan solo a los ciudadanos con capacidad de pago, pero la medida deja sin dudas una enorme brecha para extenderla al resto de los asalariados. La disposición se calificó como ilegal por el mencionado partido por cuanto ya los cursos son financiados por los parafiscales que pagan hoy trabajadores y empresarios.
Las providencias que se refieren a la amenazante medida son las resoluciones 03048 y 03176 del 22 de octubre y del 4 de noviembre de 2010 respectivamente. Dichas disposiciones ignoran las condiciones económicas de la población objeto del SENA, a la que se refiere la Ley 119/1994: los trabajadores, y lo que con absoluta transparencia consigna la misma ley en su artículo 49, a saber: “Derechos pecuniarios: la formación profesional que imparte el SENA será gratuita en todas sus modalidades”.
No se puede ignorar ni desconocer, además, que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) fue creado como resultado de la iniciativa conjunta de trabajadores organizados (quienes cedieron una parte de su subsidio familiar), de empresarios e iglesia Católica con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni mucho menos que sus ingresos provienen de los aportes parafiscales que pagan las empresas legalmente constituidas.
Infortunadamente, las verdaderas intenciones de la política aplicada a la Institución son las maniobras retorcidas y arbitrarias impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde 1989 para acabar con todas las entidades de formación profesional gratuita de toda América Latina, desde Méjico hasta Chile y Argentina, tal como le ha ocurrido a las entidades homólogas del Sena de todos estos países como el Senati del Perú, Incave de Venezuela o Inas de Costa Rica, para citar solo algunas. De ahí la expedición de los decretos 248, 249 y 250 de enero de 2004, de una supuesta reestructuración del SENA, y que desconocen abiertamente los elementos fundamentales de la Ley 119 de 1994, única ley de verdadera Iniciativa Popular.
Por eso, se hace necesario hacer un llamado a la defensa de ese valioso patrimonio del pueblo que es el SENA, a la férrea y patriótica resistencia de la población colombiana, de los trabajadores alumnos y de las organizaciones sindicales al interior de la entidad para proteger la inversión social que el estado colombiano debe realizar en Formación Profesional Integral y gratuita a través del SENA.
En efecto, en días recientes en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes se denunció por parte del partido opositor, Polo Democrático Alternativo que el actual director del SENA le abrió las puertas a la privatización de la entidad al ordenar el cobro de los cursos de extensión. Se dice que por ahora la medida cobijará tan solo a los ciudadanos con capacidad de pago, pero la medida deja sin dudas una enorme brecha para extenderla al resto de los asalariados. La disposición se calificó como ilegal por el mencionado partido por cuanto ya los cursos son financiados por los parafiscales que pagan hoy trabajadores y empresarios.
Las providencias que se refieren a la amenazante medida son las resoluciones 03048 y 03176 del 22 de octubre y del 4 de noviembre de 2010 respectivamente. Dichas disposiciones ignoran las condiciones económicas de la población objeto del SENA, a la que se refiere la Ley 119/1994: los trabajadores, y lo que con absoluta transparencia consigna la misma ley en su artículo 49, a saber: “Derechos pecuniarios: la formación profesional que imparte el SENA será gratuita en todas sus modalidades”.
No se puede ignorar ni desconocer, además, que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) fue creado como resultado de la iniciativa conjunta de trabajadores organizados (quienes cedieron una parte de su subsidio familiar), de empresarios e iglesia Católica con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni mucho menos que sus ingresos provienen de los aportes parafiscales que pagan las empresas legalmente constituidas.
Infortunadamente, las verdaderas intenciones de la política aplicada a la Institución son las maniobras retorcidas y arbitrarias impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde 1989 para acabar con todas las entidades de formación profesional gratuita de toda América Latina, desde Méjico hasta Chile y Argentina, tal como le ha ocurrido a las entidades homólogas del Sena de todos estos países como el Senati del Perú, Incave de Venezuela o Inas de Costa Rica, para citar solo algunas. De ahí la expedición de los decretos 248, 249 y 250 de enero de 2004, de una supuesta reestructuración del SENA, y que desconocen abiertamente los elementos fundamentales de la Ley 119 de 1994, única ley de verdadera Iniciativa Popular.
Por eso, se hace necesario hacer un llamado a la defensa de ese valioso patrimonio del pueblo que es el SENA, a la férrea y patriótica resistencia de la población colombiana, de los trabajadores alumnos y de las organizaciones sindicales al interior de la entidad para proteger la inversión social que el estado colombiano debe realizar en Formación Profesional Integral y gratuita a través del SENA.
