Ahora sí la Yidispolítica es un verdadero cohecho
La finalidad de un Estado de derecho aparece descrita y formulada en su Constitución. La Carta Política colombiana enuncia esa finalidad de manera fundamental en su preámbulo: afianzar la justicia, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad, consolidar la paz, promover a la defensa común. Para lograr esos fines con equidad, el Estado colombiano ha de recorrer siempre el camino de la legalidad ética. Por desgracia, en nuestro país, así como en casi la mayoría de todos, ha existido la corrupción oficial que no es otra cosa que el uso del poder en beneficio propio Fue así como se dio el famoso caso de la Yidispolítica, típico ejemplo de la posición de poder, respecto de la cual existe una significativa sentencia latina: “Corruptio optimi péssima” la cual expresa en forma breve una gran verdad: “La corrupción de los mejores es la peor de todas”. Recordemos que para lograr que el Congreso aprobara la enmienda constitucional con la cual el presidente Uribe pudo ser reelegido, funcionarios de muy alto nivel del ejecutivo nacional ofrecieron canonjías que aseguraran los votos necesarios para su aprobación. Eso se llama cohecho y por tal delito fue condenada la señora Yidis Medina; de ese nombre surgió el vocablo “Yidispolítica” para significar el escándalo político desatado. Los colombianos vimos con estupor que tan solo se condenó por tal quebrantamiento legal a una sola persona, aconteciendo que de tal delito son culpables, tanto el que da como el que recibe. Es decir, se creó en Colombia una variante de ese delito: el cohecho unipersonal, pese a que Medina confesó haber recibido prebendas y a que acusó a quienes se las dieron. El juez resolvió que solo fuera culpable quien recibió, sin que lo fueran los que ofrecieron dichas prebendas. Por fortuna, ahora, resulta que la Procuraduría General de la Nación, en un acto que le da continuidad al proceso investigativo originado en la Yidispolítica, encontró que el ex ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, sí tuvo parte en ese cohecho al permitirle al también representante Tedolindo Avendaño el derecho a nombrar un notario, tal como lo había denunciado la representante Medina y en consecuencia destituyó a ex ministro del interior y le prohibió ejercer cargos públicos por doce años. Lástima, sin embargo, que la justicia de nuestro país demore tanto en enmendar los yerros para restablecer la equidad. Por desgracia las disposiciones desacertadas de los jueces han perpetrado las peores iniquidades y ocasionado consecuencias irreparables a muchas personas.
La finalidad de un Estado de derecho aparece descrita y formulada en su Constitución. La Carta Política colombiana enuncia esa finalidad de manera fundamental en su preámbulo: afianzar la justicia, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad, consolidar la paz, promover a la defensa común. Para lograr esos fines con equidad, el Estado colombiano ha de recorrer siempre el camino de la legalidad ética. Por desgracia, en nuestro país, así como en casi la mayoría de todos, ha existido la corrupción oficial que no es otra cosa que el uso del poder en beneficio propio Fue así como se dio el famoso caso de la Yidispolítica, típico ejemplo de la posición de poder, respecto de la cual existe una significativa sentencia latina: “Corruptio optimi péssima” la cual expresa en forma breve una gran verdad: “La corrupción de los mejores es la peor de todas”. Recordemos que para lograr que el Congreso aprobara la enmienda constitucional con la cual el presidente Uribe pudo ser reelegido, funcionarios de muy alto nivel del ejecutivo nacional ofrecieron canonjías que aseguraran los votos necesarios para su aprobación. Eso se llama cohecho y por tal delito fue condenada la señora Yidis Medina; de ese nombre surgió el vocablo “Yidispolítica” para significar el escándalo político desatado. Los colombianos vimos con estupor que tan solo se condenó por tal quebrantamiento legal a una sola persona, aconteciendo que de tal delito son culpables, tanto el que da como el que recibe. Es decir, se creó en Colombia una variante de ese delito: el cohecho unipersonal, pese a que Medina confesó haber recibido prebendas y a que acusó a quienes se las dieron. El juez resolvió que solo fuera culpable quien recibió, sin que lo fueran los que ofrecieron dichas prebendas. Por fortuna, ahora, resulta que la Procuraduría General de la Nación, en un acto que le da continuidad al proceso investigativo originado en la Yidispolítica, encontró que el ex ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, sí tuvo parte en ese cohecho al permitirle al también representante Tedolindo Avendaño el derecho a nombrar un notario, tal como lo había denunciado la representante Medina y en consecuencia destituyó a ex ministro del interior y le prohibió ejercer cargos públicos por doce años. Lástima, sin embargo, que la justicia de nuestro país demore tanto en enmendar los yerros para restablecer la equidad. Por desgracia las disposiciones desacertadas de los jueces han perpetrado las peores iniquidades y ocasionado consecuencias irreparables a muchas personas.
